Políticos o ciudadanos? Distinción obligada

MAite

Maite Azuela
Con las posibilidades que las nuevas tecnologías han generado para la articulación de redes sociales, los intereses de los ciudadanos se empiezan a hacer visibles a pesar de no contar con estructuras clientelares, recursos para publicitar sus causas, ni vínculos partidistas o sindicalistas. El peso de estas células organizadas es aún ligero, pero no podemos negar que algún tipo de sociedad civil, apartidista y no corporativa, se está reconfigurando en México.

Para sorpresa de algunos políticos y académicos que niegan la existencia de ciudadanía en México, la articulación de individuos para defender causas comunitarias sin violar la ley es un hecho en cualquier estado de la república, e incluso con redes que se mueven regional y nacionalmente.

Parece que al idealizar el término ciudadano o banalizarlo se busca mantener a la ciudadanía en la invisibilidad. Con cierta impotencia escucho a algunos académicos que insisten en que hay que admitir que en México no hay ciudadanía encarnada en individuos comprometidos con la legalidad, el interés común y la honestidad. Fernando Escalante en su artículo “Ciudadanos demasiado reales” (revista Nexos, 2010) critica el uso del adjetivo ciudadano para significar lo bueno, virtuoso e imparcial. Y aduce que, en términos prácticos, la inexistencia de ciudadanía se pone de manifiesto en la corrupción.

Así descalifican con tono despreciable la distinción que coloca a las autoridades, políticos, gobernantes, legisladores y líderes partidistas o sindicalistas del lado opuesto de los ciudadanos. Otros que alcanzan a reconocer la existencia de ciudadanos solidarios ven limitada su incidencia al cuidado de la banqueta o a la participación en la escuela como parte de la asociación de padres de familia.

Les concedo la razón en cuanto a la simplicidad que resulta de calificar a los primeros de malos y a los segundos de virtuosos. Admito los tecnicismos para negar que un líder sindical no pierde su calidad de ciudadano. La trampa es asumir que no hay distinción alguna entre quienes acceden y pertenecen a un sistema político excluyente que se blinda contra cualquier posibilidad de cambio, y aquellos que están excluidos y reconocen como un derecho su participación en la toma de decisiones públicas.

En el reto lanzado por el movimiento “Dejemos de Hacernos Pendejos” para que los ciudadanos adoptaran diputados (http://www.dejemosdehacernospendejos.org), encontramos que el llamado a comprometerse debe ser para ciudadanos y autoridades. Celebramos que más de 1200 ciudadanos tengan a un diputado en la mira para hacerle preguntas y reportar sus respuestas. Pero, los reportes de éstas se reducen a 165. Así que los ciudadanos tenemos que asumir también compromisos.

A la consulta sobre en qué gastaban los diputados los recursos destinados a participación ciudadana, nos encontramos con la indiferencia de la mayoría: De los 51 diputados contactados vía telefónica, 54.9% no respondió, el 29.41% respondieron después de tres llamadas y sólo el 15.69% a la primera llamada. Las respuestas que recibieron los ciudadanos por parte de los diputados son en un 88.24% no satisfactorias y sólo un 11.76% satisfactorias. De los 82 diputados contactados vía correo electrónico, el 29.27% contestó al primer correo, después de tres correos enviados sólo contestó el 20.73% y 50% no respondieron. Las respuestas que recibieron los ciudadanos por parte de los diputados son en un 78.05% no satisfactorias y sólo un 21.95% satisfactorias. De los 32 diputados contactados por medio de una solicitud oficial, 14 respondieron en tiempo y forma y 18 no respondieron. Las respuestas que recibieron los ciudadanos son en un 56.25% no satisfactorias y sólo un 43.75% satisfactorias.

En un escenario ideal no tendríamos que distinguir entre políticos y ciudadanos, porque la rotación de gobernados y gobernantes sería espontánea, la comunicación entre representados y representantes sería efectiva, las estructuras excluyentes del sistema político y de partidos estarían desdibujadas. En un país con rendición de cuentas en el que las cúpulas escuchan y toman decisiones que benefician a los más sobre los menos, la distinción entre ciudadanos y autoridades pasaría desapercibida. En México, la diferencia entre políticos y ciudadanos está definida por la distancia que cada vez, con mayor vocación y cinismo, generan los incluidos para mantener lejos del poder a los excluidos.

Twitter: @maiteazuela

Analista política y activista ciudadana